Ceuta ocupada… cuando España perdió la autoridad moral para dar lecciones sobre derechos humanos

Por Al-Harthi

Las naciones no se juzgan por los discursos que pronuncian ni por las consignas que exhiben en los foros internacionales. Se juzgan, sobre todo, cuando la historia las coloca frente a una prueba moral. Y hoy, España comparece ante uno de esos exámenes que definen la credibilidad de un Estado: ¿cómo puede un país que pretende erigirse en defensor universal de los derechos humanos condenar con firmeza lo que ocurre en Gaza, mientras es acusado de responder con dureza contra jóvenes marroquíes cuyo único delito fue intentar escapar de la pobreza y buscar una vida más digna cruzando hacia Ceuta ocupada?

Aquellos jóvenes no llevaban armas. No declararon la guerra a nadie. No representaban una amenaza militar ni política. Llegaron cargando únicamente el peso del hambre, la desesperación y la ausencia de horizontes. Sin embargo, cualquier actuación basada en un uso desproporcionado de la fuerza o que ponga en peligro vidas humanas no solo plantea graves interrogantes jurídicos, sino que desmonta el relato con el que España pretende presentarse ante el mundo como referente en materia de derechos y libertades.

Durante años, Madrid ha querido ocupar la posición de juez moral en numerosos conflictos internacionales, denunciando las actuaciones de otros Estados y reclamando el respeto del derecho internacional. Pero la autoridad moral no se proclama; se demuestra. Y los derechos humanos dejan de ser universales en el instante en que se aplican según la nacionalidad de la víctima, el color de su pasaporte o la dirección desde la que llega el sufrimiento.

Ese es precisamente el mayor desafío que enfrenta hoy la democracia española: la incoherencia entre el discurso y la práctica. No es admisible invocar los principios del derecho internacional en las tribunas diplomáticas y, al mismo tiempo, reducir al migrante a un simple expediente de seguridad cuando llama a las puertas de Europa.

La política del doble rasero constituye uno de los principales factores que erosionan la credibilidad de las democracias occidentales. Ningún Estado puede reclamar legitimidad ética mientras seleccione qué vidas merecen protección y cuáles pueden quedar relegadas a un segundo plano por razones políticas o geográficas.

Por ello, toda denuncia sobre posibles excesos o sobre un uso ilegítimo de la fuerza exige una investigación independiente, rigurosa y transparente que establezca responsabilidades y garantice la rendición de cuentas. La protección de la vida humana no depende de decisiones políticas coyunturales; constituye una obligación jurídica y un deber moral que vincula por igual a todos los Estados.

Pero esta tragedia también interpela a Marruecos. Obliga a acelerar las reformas capaces de ofrecer oportunidades reales a una juventud que, cuando pierde la esperanza, termina considerando el mar o las alambradas fronterizas como la única salida posible. Ninguna nación puede sentirse plenamente segura mientras una parte de sus jóvenes considere que el futuro se encuentra al otro lado de una frontera.

La historia nunca recuerda los discursos grandilocuentes; recuerda la coherencia de los Estados cuando fueron puestos a prueba. Y si España desea conservar la autoridad moral con la que pretende hablar al mundo sobre derechos humanos, deberá demostrar que esos principios no terminan donde empiezan las fronteras de Ceuta ocupada. Porque los derechos humanos, para ser verdaderamente universales, no admiten excepciones, ni dobles estándares, ni selectividad política.